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Juicio y desestabilización

Enrique Vargas Peña

17 de octubre de 2000

  

El presidente de la República, Luis Ángel González Macchi, ha sostenido que la idea que está siendo ventilada a través de algunos medios de comunicación, de incoarle un juicio político, forma parte de un plan de desestabilización que será repelido.

         Entre agosto de 1998 y marzo de 1999, el senador González Macchi, que entonces ejercía la presidencia del Poder Legislativo, decía que el juicio político es una herramienta constitucional de control ciudadano y que debe usarse cuando las circunstancias así lo justifiquen.

         ¿Cuál es la razón por la que ahora, para González Macchi, el juicio político dejó de ser la herramienta constitucional que había sido para convertirse en un instrumento de desestabilización que merece ser “repelido” por las fuerzas de seguridad del Estado?

         Las presentes circunstancias del Paraguay son muy difíciles y existen evidencias suficientes de que se han agravado desde marzo de 1999 debido a la gestión desarrollada por el presidente de la República desde entonces.

         El senador González Macchi, disfrutando de una mayoría aplastante en el Congreso, en el marco de una favorable crisis catártica de la opinión pública, con irrestricto apoyo de las dos principales potencias regionales (Estados Unidos y Brasil) y gozando de una fidelidad acrítica de la mayoría de los medios de comunicación, no solamente no fue capaz de resolver los problemas que se vislumbraban, sino que tomó decisiones que los agudizaron.

         Eso es lo que la señora Marilín Contreras de Argaña denomina “ineptitud para gobernar” de González Macchi, la cual es, ciertamente, una causal de destitución del presidente de la República por medio del juicio político.

Obviamente, el presidente tiene todo el derecho del mundo a defender su gestión. Lo que no puede hacer es recurrir al argumento totalitario según el cual el uso de los mecanismos constitucionales de control es subversivo y merece ser “repelido”.

Tal vez deban leerse en este contexto las denuncias formuladas por el presidente de la Cámara de Diputados acerca de espionaje telefónico ordenado por el Servicio Nacional de Informaciones (Inteligencia), organismo creado a imagen y semejanza del que organizó en Perú el tristemente célebre Vladimiro Montesinos para maniatar y desarticular a la oposición a Fujimori.

Los integrantes de los poderes del Estado han tomado, desde diciembre de 1997, demasiadas decisiones equivocadas con resultados que ahora son ya inocultables como para que deban agregar la de impedir el funcionamiento de institutos creados para salvar el orden jurídico.

En algún momento deben detenerse. No es posible tanto desinterés por la suerte del país y de la sociedad.

         Si hay mayoría para el juicio político, entonces González Macchi debe resignarse a defenderse de los cargos que se le imputan y tratar de convencerla de la bondad de su gestión. Y si no lo logra, debe admitir la derrota e irse tranquilamente a su casa. 

 

          

   

 

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