La
prensa está dando a conocer el nivel de aumentos que requieren las
empresas estatales proveedoras de servicios esenciales para cubrir
sus presupuestos del año 2001: Antelco quiere casi un setenta por
ciento, Ande un sesenta, y en eso están también Corposana y las
demás.
Lo
que con los aumentos pagaremos los usuarios de los servicios
brindados por estas empresas es la corrupción que se ha exacerbado
hasta niveles increíbles desde que accedió al poder el gobierno
originado en la plaza del Congreso en marzo de 1999.
No
se trata tanto de corrupción en el sentido comúnmente dado al término,
como de otra, menos notoria pero igualmente dañina, el uso político
de las empresas estatales proveedoras de servicios públicos.
Las
empresas estatales fueron siempre, en Paraguay, instrumento del
poder político pero desde que los héroes de marzo nos impusieron
el gobierno de Luis Ángel González Macchi que sufrimos, esa
costumbre ha llegado a niveles que nadie hubiera podido imaginar
poco tiempo antes.
Al
observar la incidencia de los gastos corrientes en el presupuesto de
cada una de estas entidades se nota que la contratación de personal
no ha disminuido, lo que significa que se hace clientelismo a costa
del pueblo, y que tampoco han bajado los gastos operativos, lo que
significa que los contratitos para los amigos se llevan el dinero
que debe usarse en mantenimiento serio de la infraestructura e
inversión.
Los
jefazos, pero también los medio pelo, de las empresas estatales se
hacen comprar lujosas 4x4, ejércitos de apetecibles secretarias,
celulares de todas clases, tamaños y colores
, tarjetas de crédito con aval público, viáticos arábigos
para sus desplazamientos, computadoras portables y un largo etcétera
de superfluos bienes suntuarios que deben pagar los usuarios que,
encima, son maltratados cuando hacen sus reclamos.
Esa
forma de corrupción, disimulada en planillas salariales y
erogaciones operacionales, termina invariablemente en los tarifazos
que ahora pretende el gobierno para mantener en funcionamiento las
empresas que usa para asegurarse apoyo.
La
sociedad es plenamente conciente de la injusticia de estos
tarifazos. Ella sabe que los aumentos no servirán para mejorar los
servicios sino para mejorar el nivel de vida de los amigos del
gobierno.
Y
es verdad que los tarifazos son injustos, porque son el reflejo
inocultable de las malas, pésimas, inmorales, políticas que tenía
pensado desarrollar, y que está desarrollando, el gobierno que nació
en la plaza del Congreso, que impone al país los costos de su poder
y de su impudicia.
Un gobierno decente, en vez de imponer tarifazos a una población
empobrecida ya por otras políticas igualmente nefastas del grupo
que manda, hubiera obligado a las empresas proveedoras de servicios
públicos a bajar sus costos, a no tener tanta secretaria bonita ni
tanta 4x4, para dar un respiro a la pobre gente.
|