|
El
régimen de marzo, que tanto ha hecho para degradar a la
administración judicial del Paraguay, ha encontrado en ella un
nuevo y sorprendentemente efectivo mecanismo para blanquear los
negocios de sus clientes y amigos.
Se
trata del recurso, formalmente incuestionable, de recurrir a
instancia judicial las medidas que el Poder Ejecutivo toma con el
supuesto propósito de precautelar el interés público.
Magistrados
dóciles disponen entonces la revocación de aquellas medidas
administrativas y, de ese modo, los negocios cuestionados reciben
legitimación judicial.
El
gobierno puede alegar entonces que acata las disposiciones
judiciales y que hizo lo que estaba constitucionalmente en sus manos
para cumplir con su deber político.
El
caso de la firma "Bright Star", concesionaria mediante títulos
discutidos de la explotación de una tienda franca en el aeropuerto
de la ciudad de Luque, es ejemplar.
El
Poder Ejecutivo había otorgado, en forma directa y sin licitación,
la explotación de una tienda franca (exonerada del pago de
impuestos) en el aeropuerto Silvio Pettirossi, a la mencionada firma
comercial.
La
transacción presentaba tantas irregularidades que, por presión de
la opinión pública -cuya importancia va menguando, dicho sea de
paso, a medida que avanza el proyecto autoritario-, el propio Poder
Ejecutivo se vio impulsado a anular su decreto referido a la "
Bright Star".
El
Centro de Importadores, presidido por Max Haber, había señalado
también al gobierno la necesidad de actuar de manera transparente
en este asunto.
La
firma, entonces, recurrió al Tribunal de Cuentas, el cual dispuso
"como medida cautelar" la suspención de la anulación del
decreto del Poder Ejecutivo "hasta tanto él (el Ejecutivo)
presente (a través de la Procuraduría General) documentos que
demuestren que la concesión directa fue irregular.
La
petición del Tribunal de Cuentas implica solicitar al Poder
Ejecutivo que se auto incrimine, demostrando él mismo que su primer
decreto era ilegal, lo cual parece deliberado pues es obviamente
absurdo.
En
el mismo esquema, pero con una modalidad operativa diferente, se
inscribe el caso del senador electo Alejandro Velázquez Ugarte,
quien recurrió a la administración judicial para lograr ser
incluido en la cámara para la que fue elegido por el pueblo y a la
que no puede acceder por capricho de la mayoría gubernista de la
misma.
Nunca antes en la historia paraguaya, y hay que mencionar específicamente
que ni aún en los días de gloria de la dictadura de Alfredo
Stroessner, se había llegado a tal grado de manipulación del Poder
Judicial, a tal grado de degradación, descomposición y cinismo de
los tribunales nacionales.
|
