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Justicia blanqueadora

Enrique Vargas Peña 

15 de enero de 2001

  

El régimen de marzo, que tanto ha hecho para degradar a la administración judicial del Paraguay, ha encontrado en ella un nuevo y sorprendentemente efectivo mecanismo para blanquear los negocios de sus clientes y amigos.

Se trata del recurso, formalmente incuestionable, de recurrir a instancia judicial las medidas que el Poder Ejecutivo toma con el supuesto propósito de precautelar el interés público.

Magistrados dóciles disponen entonces la revocación de aquellas medidas administrativas y, de ese modo, los negocios cuestionados reciben legitimación judicial.

El gobierno puede alegar entonces que acata las disposiciones judiciales y que hizo lo que estaba constitucionalmente en sus manos para cumplir con su deber político.

El caso de la firma "Bright Star", concesionaria mediante títulos discutidos de la explotación de una tienda franca en el aeropuerto de la ciudad de Luque, es ejemplar.

El Poder Ejecutivo había otorgado, en forma directa y sin licitación, la explotación de una tienda franca (exonerada del pago de impuestos) en el aeropuerto Silvio Pettirossi, a la mencionada firma comercial.

La transacción presentaba tantas irregularidades que, por presión de la opinión pública -cuya importancia va menguando, dicho sea de paso, a medida que avanza el proyecto autoritario-, el propio Poder Ejecutivo se vio impulsado a anular su decreto referido a la " Bright Star".

El Centro de Importadores, presidido por Max Haber, había señalado también al gobierno la necesidad de actuar de manera transparente en este asunto.

La firma, entonces, recurrió al Tribunal de Cuentas, el cual dispuso "como medida cautelar" la suspención de la anulación del decreto del Poder Ejecutivo "hasta tanto él (el Ejecutivo) presente (a través de la Procuraduría General) documentos que demuestren que la concesión directa fue irregular.

La petición del Tribunal de Cuentas implica solicitar al Poder Ejecutivo que se auto incrimine, demostrando él mismo que su primer decreto era ilegal, lo cual parece deliberado pues es obviamente absurdo.

En el mismo esquema, pero con una modalidad operativa diferente, se inscribe el caso del senador electo Alejandro Velázquez Ugarte, quien recurrió a la administración judicial para lograr ser incluido en la cámara para la que fue elegido por el pueblo y a la que no puede acceder por capricho de la mayoría gubernista de la misma.

          Nunca antes en la historia paraguaya, y hay que mencionar específicamente que ni aún en los días de gloria de la dictadura de Alfredo Stroessner, se había llegado a tal grado de manipulación del Poder Judicial, a tal grado de degradación, descomposición y cinismo de los tribunales nacionales.

 

  

    

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