Enrique Vargas Peña

Todo el mundo se está rasgando las vestiduras por la intervención que el Senado realizó en la Corte Suprema de Justicia, intervención que, según coinciden muchos, se otorgó al margen de las disposiciones de la cadavérica Ley Fundamental de 1992, muerta hace algún tiempo.

Se rasgan las vestiduras como si se estuviera vulnerando a una Corte que ha garantizado la vigencia de la Constitución, olvidando lo que si la Carta Magna está muerta es por lo que la Corte Suprema del Paraguay ha hecho en estos dos últimos años.

El Senado no confirmó para el próximo período de la Corte a tres de sus miembros, Jerónimo Irala Burgos, Enrique Sosa y Felipe Santiago Paredes.

Pero estos tres caballeros no son los únicos que deben irse, sin considerar la validez del procedimiento.

Esta República nuestra jamás fue tan mal servida, ni aun cuando el Dr. Luis María Argaña era presidente del Poder Judicial de Alfredo Stroessner, como lo ha sido por la presente Corte Suprema de Justicia.

No hace falta referirse al caso Oviedo para decir lo anterior, aunque el caso Oviedo es, seguramente, la más escandalosa manipulación judicial que pueda mencionarse desde que el "caso Dreyfus" destruyó para siempre la credibilidad de la administración judicial de la III República francesa.

En ese marco se ha llegado al grado de convalidar el principio de "obediencia debida" para justificar excesos y se ha guardado silencio ante la muerte de José "Coco" Villar.

Para ver el mal servicio de esta Corte basta mencionar los índices de presos sin condena y de lenidad judicial del Paraguay, los más altos de América, que muestran la ineficiencia de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay.

O, si no se quiere considerar esos datos objetivos, se puede señalar el trabajo de Transparencia Internacional, que ubica al Paraguay entre los diez países más corruptos del mundo, lo que señala la existencia de una impunidad rampante, que muestra, también, la ineficacia de esa Corte Suprema de Justicia.

Esta Corte Suprema de Justicia del Paraguay no podía, en realidad, ser distinta a lo que ha sido, pues su origen es la sórdida repartija de cuotas de influencia en ella realizada entre Juan Carlos Wasmosy y Domingo Laíno. El propósito confeso que presidió la inclusión de nombres en esta Corte fue el equilibrio político y no la búsqueda de la Justicia.

El Paraguay se quedó corto al no confirmar solamente a tres miembros de la Corte Suprema. La República exigía denegar confirmación a todos, pues ninguno debe seguir en el Poder Judicial.

Pero el Senado tampoco busca la Justicia con esta acción que ha tomado sobre la Corte, sino solamente consolidar en el gobierno del Poder Judicial a sus aliados, cosa que está logrando con una facilidad asombrosa.

Nada bueno surgirá de todo esto. Los tres no confirmados podrían lograr "con la ley en la mano" y con el apoyo de los ingenuos que creen que defendiendo a esta Corte defienden alguna Constitución, permanecer allí por demasiado tiempo más.

Si esto no sucediera, serán reemplazados por tres candidatos iguales a ellos, que se sumarán a los confirmados en seguir, hasta que tengan 75 años, haciendo lo que esta Corte ha hecho hasta ahora.

El régimen busca así, con alentar bandos sobre dos alternativas que le favorecen por igual, hacernos partidarios de alguna de sus muchas horribles cabezas.