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Cerca de la mafia

Enrique Vargas Peña 

14 de febrero de 2001

   

Uno de los negocios más conocidos del crimen organizado en Estados Unidos era la venta de protección, una especie de seguro contra la violencia al que los malvivientes ordenaban ingresar a comerciantes y tenderos en orden a ahorrarse asaltos, golpizas y robos.

        La mafia realizaba sus pillajes y ofrecía no realizarlos a cambio de dinero.

Para que el negocio fuera rentable, necesitaba que los encargados del orden público no metieran las narices mientras actuaba.

        Las fuerzas de seguridad abdicaban de sus derechos para que la mafia la reemplace incluso en la recaudación de impuestos, que se duplicaban: el que se pagaba a la ciudad y el que se daba a la mafia.

        En un momento dado aparecieron políticos pagados por la mafia para ordenar legalmente a las fuerzas del orden que abandonen ciertas áreas. Desde

entonces la mafia encontró en la actividad política una notable fuente adicional de influencias e ingresos.

        Así se potenciaron los mayores imperios criminales norteamericanos.

        Cualquier semejanza con la realidad paraguaya no es pura coincidencia.

        El Estado paraguayo está abdicando de la obligación constitucional que tiene de ejercer el monopolio de la fuerza y el lugar que deja está siendo ocupado por fuerzas privadas, del mal y del bien, que no responden al mandato del pueblo.

         En realidad, denuncias como las que afectan al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Walter Bower, referidas a participación de allegados suyos en un asalto en el que fueron robados once millones de dólares, muestran que la cosa ha llegado mucho más lejos de lo que pudo haber sospechado el menos confiado de los ciudadanos.

         Se trata, nada menos, de que el crimen se organiza en esferas muy cercanas al poder. Esto es lo que viene anunciando a quien lo quiere escuchar el obispo católico Mario Melanio Medina, quien sostiene que, simplemente, la mafia gobierna ya en Paraguay.

         La gente se pregunta, no sin justificación, si el progresivo deterioro de la capacidad del sector público para proveer los servicios que está constitucional y legalmente obligado a proporcionar no es ya consecuencia de una política deliberada que compele a los ciudadanos a contratar servicios privados que suplen aquellos trabajos y que significan al ciudadano una erogación doble, el impuesto y la cuota de esos servicios privados.

         Desde los nuevos ejércitos de guardias privados que suplantan a la Policía hasta empresas que ofrecen reguladores de voltaje para salvar las instalaciones domiciliarias de los apagones y bajas de tensión de la Ande, las falencias del sector público se están convirtiendo en otras tantas oportunidades para los amigos del gobierno, siguiendo el mismo modelo que convirtió a los aparatchik comunistas en los capitalistas de la nueva Europa del Este tras la caída del Muro de Berlín.

         Los axiomas de Lord Acton son en Paraguay más evidentes que en ninguna parte, “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

         Y el poder en Paraguay es absoluto, porque lo ejerce la coalición que en marzo de 1999, que se formó en setiembre de 1997, derrocó al gobierno constitucional: ella es gobierno, es oposición y es órganos de control y tribunales. No tiene contrapeso y persigue y destruye a cualquiera que pretenda serlo.

 

    

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