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El fallo de la CIDH
Enrique Vargas Peña
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió, la pasada
semana, declarar inadmisible una denuncia por violación de derechos presentada ante ella
por el ex candidato presidencial Lino Oviedo.
Indudablemente muchos, entre los que me cuento, esperamos siempre que
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se mantenga vigilante sobre la conducta de
los diversos gobiernos a este respecto, pues en demasiadas ocasiones de la historia
americana ha sido ese organismo la instancia única, o al menos la más eficaz, para
limitar de alguna manera los abusos que los gobiernos cometen contra los ciudadanos de sus
propios países.
Pero lo anterior no obsta para reconocer que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos tiene limitaciones que dificultan su actuación.
La más importante de estas limitaciones es la influencia de Estados
Unidos en su funcionamiento. Esa influencia, que se observa en la situación financiera
general del sistema interamericano de naciones, somete necesariamente a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos a los intereses políticos de Estados Unidos.
El caso de Lino Oviedo es ejemplar. Estados Unidos resolvió, al menos
en fecha tan anterior como agosto de 1997 (ocasión en que el subsecretario de Estado
Peter Romero rechazó reunirse con el entonces precandidato presidencial), que no deseaba
que Oviedo accediera legalmente al poder en el Paraguay.
El 7 de setiembre de 1997 Oviedo triunfó en las elecciones primarias
del gobernante Partido Colorado y a partir de ese momento, el entonces presidente
paraguayo Juan Carlos Wasmosy, con el aval y el apoyo de Estados Unidos, empezó una
persecución seudojudicial contra Oviedo que terminó por demoler el Estado de Derecho en
el Paraguay.
Se revivió un proceso fenecido, el abierto en razón del supuesto
intento de golpe militar encabezado por Oviedo en abril de 1996, se le creó un tribunal
especial, militar y por tanto de caracter administrativo y dependiente del mismo Wasmosy,
para juzgarlo cuando ya estaba en situación de retiro, se restringió el hábeas corpus,
se restauró el principio de obediencia debida y, además de otras muchas cosas, la Corte
Suprema del Paraguay, fruto de un acuerdo político del mismo Wasmosy con el líder
liberal Domingo Laíno, resolvió, para convalidar todo eso que se señaló, que los
jueces deben presumir la legitimidad de los actos arbitrarios del gobierno.
De ese modo obtuvo Wasmosy una sentencia de diez años de cárcel para
el ya candidato presidencial de su partido, el Colorado, y poco tiempo después, a dos
semanas de las elecciones generales de 1998, la inhabilitación de Oviedo.
A pesar de ello, el compañero de fórmula de Oviedo triunfó en las
elecciones presidenciales por amplio márgen, con el lema "Tu voto vale doble, Cubas
presidente, Oviedo en libertad"..
Los precedentes sentados por la Corte Suprema de Justicia sirvieron
luego para anular la facultad presidencial del indulto, existente hasta entonces, y para
declarar, a instancias del Congreso, la inconstucionalidad de una conmutación de pena, lo
cual está expresamente prohibido por el artículo 248 de la Constitución paraguaya.
Finalmente, el 28 de marzo de 1999, Wasmosy y sus aliados derrocaron al
gobierno constitucional tras una parodia de juicio político en la que los partidarios del
presidente Cubas en la Cámara de Diputados fueron encerrados en el baño o golpeados para
impedir su ingreso al recinto.
Lo que siguió ya se conoce: persecución a los partidarios de Oviedo,
cárcel a los periodistas críticos, torturas, mortificaciones, ejecuciones y todas las
cosas que caben esperar en base a principios y medidas como los que convalidaron la Corte
Suprema del Paraguay y la embajada de Estados Unidos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vio in situ el
horror, se cuidó muy bien de condenarlo expresamente y ahora rechaza, además, la
denuncia de Oviedo contra el proceso que es la piedra fundamental de la arbitrariedad en
el Paraguay.
Sin embargo, ni el silencio de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos sobre lo que sucede en el Paraguay ni su rechazo a la denuncia del caso que
basamenta la barbarie legitiman en lo más mínimo al régimen de Asunción y sirven
solamente para poner en evidencia las limitaciones que, lamentablemente, afectan a un
organismo que debería estar libre de las influencias de los intereses norteamericanos. |
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