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El fallo de la CIDH

Enrique Vargas Peña

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió, la pasada semana, declarar inadmisible una denuncia por violación de derechos presentada ante ella por el ex candidato presidencial Lino Oviedo.
    Indudablemente muchos, entre los que me cuento, esperamos siempre que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se mantenga vigilante sobre la conducta de los diversos gobiernos a este respecto, pues en demasiadas ocasiones de la historia americana ha sido ese organismo la instancia única, o al menos la más eficaz, para limitar de alguna manera los abusos que los gobiernos cometen contra los ciudadanos de sus propios países.
    Pero lo anterior no obsta para reconocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene limitaciones que dificultan su actuación.
    La más importante de estas limitaciones es la influencia de Estados Unidos en su funcionamiento. Esa influencia, que se observa en la situación financiera general del sistema interamericano de naciones, somete necesariamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los intereses políticos de Estados Unidos.
    El caso de Lino Oviedo es ejemplar. Estados Unidos resolvió, al menos en fecha tan anterior como agosto de 1997 (ocasión en que el subsecretario de Estado Peter Romero rechazó reunirse con el entonces precandidato presidencial), que no deseaba que Oviedo accediera legalmente al poder en el Paraguay.
    El 7 de setiembre de 1997 Oviedo triunfó en las elecciones primarias del gobernante Partido Colorado y a partir de ese momento, el entonces presidente paraguayo Juan Carlos Wasmosy, con el aval y el apoyo de Estados Unidos, empezó una persecución seudojudicial contra Oviedo que terminó por demoler el Estado de Derecho en el Paraguay.
    Se revivió un proceso fenecido, el abierto en razón del supuesto intento de golpe militar encabezado por Oviedo en abril de 1996, se le creó un tribunal especial, militar y por tanto de caracter administrativo y dependiente del mismo Wasmosy, para juzgarlo cuando ya estaba en situación de retiro, se restringió el hábeas corpus, se restauró el principio de obediencia debida y, además de otras muchas cosas, la Corte Suprema del Paraguay, fruto de un acuerdo político del mismo Wasmosy con el líder liberal Domingo Laíno, resolvió, para convalidar todo eso que se señaló, que los jueces deben presumir la legitimidad de los actos arbitrarios del gobierno.
    De ese modo obtuvo Wasmosy una sentencia de diez años de cárcel para el ya candidato presidencial de su partido, el Colorado, y poco tiempo después, a dos semanas de las elecciones generales de 1998, la inhabilitación de Oviedo.


    A pesar de ello, el compañero de fórmula de Oviedo triunfó en las elecciones presidenciales por amplio márgen, con el lema "Tu voto vale doble, Cubas presidente, Oviedo en libertad"..
    Los precedentes sentados por la Corte Suprema de Justicia sirvieron luego para anular la facultad presidencial del indulto, existente hasta entonces, y para declarar, a instancias del Congreso, la inconstucionalidad de una conmutación de pena, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 248 de la Constitución paraguaya.
    Finalmente, el 28 de marzo de 1999, Wasmosy y sus aliados derrocaron al gobierno constitucional tras una parodia de juicio político en la que los partidarios del presidente Cubas en la Cámara de Diputados fueron encerrados en el baño o golpeados para impedir su ingreso al recinto.
    Lo que siguió ya se conoce: persecución a los partidarios de Oviedo, cárcel a los periodistas críticos, torturas, mortificaciones, ejecuciones y todas las cosas que caben esperar en base a principios y medidas como los que convalidaron la Corte Suprema del Paraguay y la embajada de Estados Unidos.
    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vio in situ el horror, se cuidó muy bien de condenarlo expresamente y ahora rechaza, además, la denuncia de Oviedo contra el proceso que es la piedra fundamental de la arbitrariedad en el Paraguay.
    Sin embargo, ni el silencio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que sucede en el Paraguay ni su rechazo a la denuncia del caso que basamenta la barbarie legitiman en lo más mínimo al régimen de Asunción y sirven solamente para poner en evidencia las limitaciones que, lamentablemente, afectan a un organismo que debería estar libre de las influencias de los intereses norteamericanos.