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El caso de la jueza

Enrique Vargas Peña 

13 de febrero de 2001

   

La jueza de garantías de Lambaré, Nunila Recalde, se encuentra arrestada por haber sido encontrada en la comisión flagrante de hechos que posiblemente configuran varios delitos: impuso una pena ilegal, aplicó a sabiendas la ley en forma indebida, solicitó dinero del afectado y lo obtuvo, etc.

         El caso, filmado íntegramente, obligó al presidente del Poder Judicial, Raúl Sapena Brugada, a emitir una fuerte declaración en el sentido de que la imputada será severamente castigada.

         Sin embargo, hay un aspecto que permaneció oculto, agazapado: la responsabilidad del Consejo de la Magistratura y de la propia Corte Suprema Judicial por haber nominado a esta persona para el ejercicio de un cargo de tanta responsabilidad.

         El Consejo de la Magistratura es el organismo encargado de estudiar a quienes aspiren a un cargo judicial, a los efectos de impedir que personas sin la debida preparación lleguen a posiciones en las que tienen jurisdicción sobre la vida y la hacienda de los paraguayos.

         Es evidente que, al menos en el caso de Nunila Recalde, el Consejo de la Magistratura realizó una tarea gravemente negligente. Es obvio que no revisó los antecedentes personales de la magistrada, que no se interesó en su carácter, que no vislumbró sus ambiciones, sus relaciones, es claro, en síntesis, que se limitó a mirar el currículo estudiantil y las recomendaciones políticas de la jueza.

         Al actuar así, el Consejo de la Magistratura expuso al país a esto que ahora, gracias a la valentía del denunciante, saltó a luz. Y no tenía derecho a hacerlo pues él, el Consejo, existe justamente, precisamente, para evitarlo. Para impedir que el poder de los jueces caiga en manos de gente inapropiada es que el pueblo paraguayo paga, y muy bien, a los miembros del Consejo de la Magistratura.

         El caso de Nunila Recalde es el botón de muestra, porque todos los paraguayos perciben que el Poder Judicial es el más corrompido de los poderes públicos paraguayos, corrupción que fue notada y denunciada con todas las letras por el propio Banco Mundial. 

         Es decir, hay razones para creer que el caso de Nunila Recalde no es aislado. Hay razones para creer que el Consejo de la Magistratura incumplió en forma general las funciones que estaba obligado a desempeñar.

         Pero nadie en el mundo político dice nada. Los supuestos representantes del pueblo están ciegos, sordos y mudos y no sería extraño que estén así considerando que ellos son quienes importaron este sistema a pesar de haber sido advertidos de sus inevitables resultados por las experiencias italiana y venezolana, cuyas repúblicas sucumbieron ante la corrupción judicial.

  

    

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