La
jueza de garantías de Lambaré, Nunila Recalde, se encuentra
arrestada por haber sido encontrada en la comisión flagrante de
hechos que posiblemente configuran varios delitos: impuso una pena
ilegal, aplicó a sabiendas la ley en forma indebida, solicitó dinero
del afectado y lo obtuvo, etc.
El caso, filmado íntegramente, obligó al presidente del Poder
Judicial, Raúl Sapena Brugada, a emitir una fuerte declaración en el
sentido de que la imputada será severamente castigada.
Sin embargo, hay un aspecto que permaneció oculto, agazapado:
la responsabilidad del Consejo de la Magistratura y de la propia Corte
Suprema Judicial por haber nominado a esta persona para el ejercicio
de un cargo de tanta responsabilidad.
El Consejo de la Magistratura es el organismo encargado de
estudiar a quienes aspiren a un cargo judicial, a los efectos de
impedir que personas sin la debida preparación lleguen a posiciones
en las que tienen jurisdicción sobre la vida y la hacienda de los
paraguayos.
Es evidente que, al menos en el caso de Nunila Recalde, el
Consejo de la Magistratura realizó una tarea gravemente negligente.
Es obvio que no revisó los antecedentes personales de la magistrada,
que no se interesó en su carácter, que no vislumbró sus ambiciones,
sus relaciones, es claro, en síntesis, que se limitó a mirar el currículo
estudiantil y las recomendaciones políticas de la jueza.
Al actuar así, el Consejo de la Magistratura expuso al país a
esto que ahora, gracias a la valentía del denunciante, saltó a luz.
Y no tenía derecho a hacerlo pues él, el Consejo, existe justamente,
precisamente, para evitarlo. Para impedir que el poder de los jueces
caiga en manos de gente inapropiada es que el pueblo paraguayo paga, y
muy bien, a los miembros del Consejo de la Magistratura.
El caso de Nunila Recalde es el botón de muestra, porque todos
los paraguayos perciben que el Poder Judicial es el más corrompido de
los poderes públicos paraguayos, corrupción que fue notada y
denunciada con todas las letras por el propio Banco Mundial.
Es decir, hay razones para creer que el caso de Nunila Recalde
no es aislado. Hay razones para creer que el Consejo de la
Magistratura incumplió en forma general las funciones que estaba
obligado a desempeñar.
Pero nadie en el mundo político dice nada. Los supuestos
representantes del pueblo están ciegos, sordos y mudos y no sería
extraño que estén así considerando que ellos son quienes importaron
este sistema a pesar de haber sido advertidos de sus inevitables
resultados por las experiencias italiana y venezolana, cuyas repúblicas
sucumbieron ante la corrupción judicial.
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