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Sentencias ilegales

Enrique Vargas Peña

El gobierno federal de Estados Unidos resolvió desconocer una sentencia judicial que afecta al pequeño balsero cubano Elián González, dictada por una jueza del estado de Florida.

Dicha sentencia suspendía los efectos de una resolución del INS, servicio de inmigración, por la que se ordena la repatriación de Elián, quien debía, en cambio, quedar bajo protección del juzgado hasta tanto este resuelva si dicha repatriación convenía o no a la salud del niño.

Para los que, desde el aparato propagandísitico de Wasmosy, sostuvieron contra toda lógica y contra todo sentido de justicia, que las sentencias ilegales deben cumplirse; para los lacayos que apoyaron dicha tesis desde las facultades de Derecho; para Humberto Rubín, esta actitud del gobierno federal norteamericano debe ser dolorosa.

La ocultan, que es lo más que pueden hacer, pero les duele.

La ministro de Justicia de Estados Unidos, Janet Reno, resolvió desconocer la sentencia dictada por un juzgado de Miami, en base a dos consideraciones distintas, una legal y otra ética.

Sostiene la señora Reno que la legislación norteamericana en materia de inmigración es clara e incontrovertible: los asuntos migratorios caen bajo jurisdicción federal y, por tanto, no pueden ser resueltas por los estados.

La jueza de Miami no tenía, simplemente, jurisdicción sobre el tema y su fallo es inane, carece de importancia, es como si no existiera.

La consideración ética es que la jueza de Miami llegó al cargo en una campaña dirigida por una persona que ahora defiende la posición de la familia González de Miami, contrapuesta a la de la familia González de La Habana.

Consecuentemente, aunque la Barra de Abogados de Florida ha considerado que no hubo conflicto de intereses, está claro que ha habido lugar para una posibilidad de prevaricato en el fallo.

A raíz de todo esto, el gobierno federeal norteamericano desconoce la sentencia y procederá con Elián González de acuerdo a las recomendaciones del INS.

Lo que el gobierno norteamericano ha demostrado con su actitud con respecto al caso de Elián es que el ex presidente Cubas tenía razón al declarar "de cumplimiento imposible" la sentencia 415 de la Corte Suprema paraguaya, que declara inconstitucional la conmutación de pena que benefició al ex candidato presidencial Lino Oviedo, una sentencia ilegal, inconstitucional e ilegítima.

Ilegal, porque arguye exigencias para la conmutación que no se piden en la ley; inconstitucional, porque el demandante (el Congreso) no tiene derecho a actuar en juicios (artículo 248 de la Constitución) e ilegítima porque contraviene la voluntad, expresada en las urnas, del pueblo paraguayo.

La propia Corte Suprema de Justicia acaba de desdecirse, en un fallo referido a la acción de la Cámara de Diputados contra el Senado por la remoción de ministros de esa Corte sin juicio político, negando al Congreso la posibilidad de actuar en juicios, lo que se había, desde luego, sostenido siempre antes de que Wasmosy ordenara hacer lo contrario.

¿Qué dirá ahora Humberto Rubín?

Nada. Tratará simplemente que el ejemplo norteamericano no sea visto y seguirá sirviendo a Wasmosy.