Se
ha postergado temporalmente el estudio del proyecto de modificación
de la ley 854-63, Estatuto Agrario, elaborado por el actual presidente
de la Cámara de Diputados y representante del Departamento de San
Pedro, Cándido Vera Bejarano.
El
estudio del proyecto lleva una demora de más de tres años en el
Congreso, por dos razones combinadas, la resistencia que genera entre
los empresarios agropecuarios y la lenidad propia del Poder
Legislativo paraguayo.
El
Departamento de San Pedro, de donde es originario el proyectista, es
una de las territorialmente más extensas regiones administrativas en
que se divide el país y, ciertamente, el más afectado por problemas
de tenencia de tierras.
Es
allí donde las organizaciones campesinas, modeladas según el
Movimiento de Sin Tierra (MST) del Brasil, efectúan sus cotidianas y
cada vez más frecuentes y violentas demostraciones de fuerza y es allí
donde el aparato de seguridad interna del Estado ensaya sus más duras
represiones.
El
proyecto de Vera Bejarano establecerá, de ser aprobado, para toda la
Región Oriental unos esquemas ideados para intentar una solución
para una situación muy particular (lo que tampoco quiere decir que
sea bueno para San Pedro).
Los
voceros del empresariado, como Enrique Riera, vicepresidente de la
Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO)
por los empresarios agropecuarios, y de la prensa, como medios tan
opuestos en otras cuestiones como Noticias y ABC Color, sostienen que
el proyecto es de corte socialista, que fomentará la ya grave
desinversión que sufre la República y que abrirá las puertas a
grupos de poder económico que alientan a los campesinos a deforestar
el país.
Se
diseña en él una Unidad Básica de Explotación Familiar (UBEF),
superficie de
tierra no menor a 10 hectáreas y se otorga al Poder Ejecutivo
la facultad de reglamentar la ley en materia de expropiaciones (en
contravención a lo dispuesto por el art. 109 de la Constitución),
dejando en manos de la administración la determinación de la
superficie máxima de la que podrá ser propietaria una persona.
Esto
último es lo más grave, pues confirma la tendencia que ha venido
siguiendo el sistema político paraguayo desde diciembre de 1992 hasta
ahora: sumar poder al gobierno y restringir derechos a la sociedad.
La
gravedad de la situación impulsa a diversos actores de la vida
nacional a optar por la vía autoritaria, más por ignorancia que por
fascismo, abandonando la opción del desarrollo en libertad.
Como
han señalado todos los interesados en el caso, esta fórmula
propuesta por Vera Bejarano es un modo seguro de agravar más de lo
que ya está la situación de inseguridad jurídica que vive el país
y de alentar la política de la acción directa y el hecho consumado,
que alimenta, en un círculo vicioso, a los que quieren menos
elecciones y menor participación popular en el gobierno, para
asegurar que nadie toque sus propias parcelas de poder.
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