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Estatuto agrario

Enrique Vargas Peña

12 de octubre de 2000

          

Se ha postergado temporalmente el estudio del proyecto de modificación de la ley 854-63, Estatuto Agrario, elaborado por el actual presidente de la Cámara de Diputados y representante del Departamento de San Pedro, Cándido Vera Bejarano.

El estudio del proyecto lleva una demora de más de tres años en el Congreso, por dos razones combinadas, la resistencia que genera entre los empresarios agropecuarios y la lenidad propia del Poder Legislativo paraguayo.

El Departamento de San Pedro, de donde es originario el proyectista, es una de las territorialmente más extensas regiones administrativas en que se divide el país y, ciertamente, el más afectado por problemas de tenencia de tierras.

Es allí donde las organizaciones campesinas, modeladas según el Movimiento de Sin Tierra (MST) del Brasil, efectúan sus cotidianas y cada vez más frecuentes y violentas demostraciones de fuerza y es allí donde el aparato de seguridad interna del Estado ensaya sus más duras represiones.

El proyecto de Vera Bejarano establecerá, de ser aprobado, para toda la Región Oriental unos esquemas ideados para intentar una solución para una situación muy particular (lo que tampoco quiere decir que sea bueno para San Pedro).

Los voceros del empresariado, como Enrique Riera, vicepresidente de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) por los empresarios agropecuarios, y de la prensa, como medios tan opuestos en otras cuestiones como Noticias y ABC Color, sostienen que el proyecto es de corte socialista, que fomentará la ya grave desinversión que sufre la República y que abrirá las puertas a grupos de poder económico que alientan a los campesinos a deforestar el país.

Se diseña en él una Unidad Básica de Explotación Familiar (UBEF),  superficie de  tierra no menor a 10 hectáreas y se otorga al Poder Ejecutivo la facultad de reglamentar la ley en materia de expropiaciones (en contravención a lo dispuesto por el art. 109 de la Constitución), dejando en manos de la administración la determinación de la superficie máxima de la que podrá ser propietaria una persona.

Esto último es lo más grave, pues confirma la tendencia que ha venido siguiendo el sistema político paraguayo desde diciembre de 1992 hasta ahora: sumar poder al gobierno y restringir derechos a la sociedad.

La gravedad de la situación impulsa a diversos actores de la vida nacional a optar por la vía autoritaria, más por ignorancia que por fascismo, abandonando la opción del desarrollo en libertad.

Como han señalado todos los interesados en el caso, esta fórmula propuesta por Vera Bejarano es un modo seguro de agravar más de lo que ya está la situación de inseguridad jurídica que vive el país y de alentar la política de la acción directa y el hecho consumado, que alimenta, en un círculo vicioso, a los que quieren menos elecciones y menor participación popular en el gobierno, para asegurar que nadie toque sus propias parcelas de poder. 

   

 

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