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Las recaudaciones

Enrique Vargas Peña

12 de setiembre de 2000

 

El gobierno y la Contraloría se encuentran abocados a la tarea de tratar de elevar las recaudaciones, dado el derrumbe de las recaudaciones y el acuciante déficit fiscal. El proceso, iniciado con la intervención de la Dirección General de Aduanas ha seguido con la auditoría del propio ministerio de Hacienda por parte de la Contraloría y, ahora, con la reestructuración de la Subsecretaría de Tributación.
          Los pasos que se están dando obedecen, según se reconoció en el propio ministerio de Hacienda a un alarmante descenso de las recaudaciones, que se está acelerando de mes a mes.
          Según el diario Ultima Hora, en el país hay 3854 grandes empresas, de las cuales 541 están en Ciudad del Este y 296 en Encarnación. Estos aportan el 70% de la recaudación tributaria, el 20% la red bancaria y el 10% los medianos contribuyentes.
          La Dirección General de Recaudaciones controla a los medianos y pequeños contribuyentes con un universo de 211.000 aportantes.
          Es necesario ver que la presión tributaria, la corrupción y las contraprestaciones estatales son elementos que alientan esta cultura de evitar en lo posible el aporte de contribuciones al erario público.
          La evasión, que se ha visto notablemente acelerada en el último año y medio de gobierno, es, principalmente, consecuencia de un esquema de contribución completamente insatisfactorio para la población cuyos representantes, supuestos, no atinan a escuchar el reclamo que se oye detrás de la drástica caída de las recaudaciones.
         La evasión es proporcional a dos percepciones distintas y paralelas que tienen los contribuyentes: una, el grado de consentimiento que tiene sobre la contribución y otra, el nivel de retribución que nota por esa contribución.
         Un sistema puede no ser perfectamente representativo, incluso nada representativo, pero proporcionar al contribuyente la sensación de que sus aportes son usados para su beneficio o puede no generar esa sensación y sí ser resultado de un auténtico consentimiento democrático. En cualquiera de ambos casos o en la combinación de ellos, que es el ideal, el ciudadano no tendrá opondrá mayores objeciones para pagar sus impuestos. 
         Cuando esas percepciones indican que el sistema no es representativo ni las contribuciones se usan en beneficio de quien las aporta, cuando la opinión pública ve que sus pagos sirven en realidad para enriquecer a unos cuantos funcionarios públicos, entonces la sociedad se siente relevada del cumplimiento de sus obligaciones con el Estado.
         Este ha sido siempre el caso en Paraguay, pero se ha agudizado de manera alarmante desde marzo de 1999. Se ha restringido el derecho del pueblo a elegir gobernantes, pero el pueblo vota con los pies, como siempre ocurre ante esas situaciones.
         El gobierno podrá intensificar todo lo que quiera sus esfuerzos de control y fiscalización, aún internos, para tratar de revertir la situación, pero nada de lo que haga solucionará la resolución del público de evitar en lo posible contribuir mientras persista el sentido que ahora tienen las señaladas percepciones, sentido que no podrá ser modificado sin una reforma estructural del sistema de representación y del sistema judicial.     
        

 

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