Enrique Vargas Peña

El diario Clarín de Buenos Aires, en su edición del 9 de noviembre, da cuenta de la entrevista que sostuvieron en París el presidente francés, Jacques Chirac y el presidente electo argentino, Fernando de la Rúa, durante la cual este último fue preguntado por el primero acerca de la situación paraguaya.

Siempre según Clarín, Chirac se mostró interesado por la visión que el futuro presidente argentino tenía de la "crisis del gobierno paraguayo", a lo que De la Rúa respondió culpando de todo al ex candidato presidencial colorado, Lino Oviedo, asilado en Argentina.

Es sencillamente sorprendente que una persona que ha llegado al lugar al que accedió De la Rúa pueda mostrarse tan ignorante acerca de la situación de los socios y vecinos de su país y es terrible para la suerte del Paraguay que la opinión de otros jefes de Estado se informe por esa vía de ignorancia.

Ciertamente, nadie podría discutir que los problemas paraguayos se centran en Lino Oviedo, pero tampoco es admisible que un político como De la Rúa pase por alto las circunstancias por las cuales los asuntos paraguayos están completamente oviedizados.

Lino Oviedo fue procesado por los tribunales ordinarios por la supuesta comisión de los delitos implícitos en cualquier tentativa de golpe de Estado, como la que le fue atribuida en abril de 1996 y fue sobreseído en la causa, recuperando la plenitud de sus derechos políticos después de haber estado un tiempo en prisión.

A partir de allí inició una campaña política para obtener la candidatura del gobernante partido Colorado, sin que a nadie le molestara la actividad política del ex jefe militar.

Para sorpresa general, Oviedo logró triunfar en las elecciones primarias del partido Colorado el 7 de setiembre de 1997, en el más estricto marco de la ley, siendo consagrado candidato del partido a la presidencia de la República.

A partir de ese momento, sin embargo, el entonces presidente Juan Carlos Wasmosy inició la destrucción del Estado de Derecho en el Paraguay, acelerando de paso la destrucción de su economía que había puesto en marcha a partir de abril de 1995.

Siendo Oviedo candidato legalmente electo del mayor partido político del país, le impuso un arresto militar inconstitucional, tan inconstitucional que ahora fue derogada la ley que le permitió a Wasmosy arrestar a Oviedo, cuyo crimen fue haber señalado a la revista Noticias de Buenos Aires que Wasmosy era un corrupto, en el marco de una campaña electoral en la que él, Oviedo, era el opositor.

Seguidamente, como no se podía sostener indefinidamente tamaño disparate, se reabrió un juicio fenecido, el del supuesto golpe del 96, y se creó un tribunal especial para volver a juzgarlo fuera de la competencia ordinaria, en violación flagrante de las respectivas disposiciones constitucionales.

En el camino se allanó la casa de Oviedo sin orden judicial, invocando el principio de obediencia debida, así como se despidió y amedrentó a los jueces que, en el marco de la ley, concedieron el hábeas corpus a favor del candidato perseguido.

Así lograron, en un proceso que supera en arbitrariedad al "caso Dreyfus", condenar a Oviedo a 10 años de cárcel. Oviedo apeló la sentencia y en un fallo escandaloso de una Corte Suprema obediente a Wasmosy y al rival electoral de Oviedo, Domingo Laíno, que son quienes la formaron, fueron convalidadas las arbitrariedades anteriores según principios inaplicables de derecho administrativo por los que los jueces deberían presumir la legitimidad de los actos arbitrarios del gobierno ("Doctrina Paciello").

Aun así, Oviedo iba en camino a ganar las elecciones generales de mayo de 1998, a raiz de lo cual Wasmosy pretendió todavía prorrogar ilegalmente su mandato por dos años, hasta que finalmente la misma Corte Suprema obediente, anuló, en otro fallo arbitrario y escandaloso, la candidatura de Oviedo.

A pesar de ello, el segundo de Oviedo, Raúl Cubas Grau, que por ley debió asumir la candidatura presidencial colorada, obtuvo un amplio triunfo electoral (54%, mayor que el de De la Rúa) con el lema "Tu voto vale doble, Cubas presidente, Oviedo en libertad".

Desesperado, Wasmosy y los derrotados del 10 de mayo se comprometieron a evitar el cumplimiento de las promesas del presidente electo aprobadas por el pueblo, que se encuadraban en el marco de la ley y modificaron el orden jurídico preexistente para evitar el cumplimiento de la voluntad popular, imponiendo una ley anti indulto legislada para una sola persona.

Cubas, al asumir, encontró sin embargo otra medida legal para cumplir su principal promesa, la conmutación de pena, que se formalizó en el decreto 117 de agosto de 1998.

La coalición de Wasmosy no encontró nada mejor que paralizar la acción del gobierno y motorizar una nueva violación de la Constitución, la admisión de personería de la Cámara de Diputados para litigar, expresamente prohibida por el artículo 248 de la Constitución, para generar una nueva crisis y eliminar a Oviedo. La Corte genuflexa, por supuesto, admitió también esa arbitrariedad.

Sobre esa montaña de injusticias se montó un supuesto juicio político al presidente constitucional del Paraguay, juicio a cuyas audiencias definitorias no se dejó entrar a los diputados que hubieran votado por el gobierno, en medio de la crisis desatada por el sospechosamente coincidente asesinato del vicepresidente Argaña y de las lamentables muertes en la plaza del Congreso.

Tan apurados estaban los aliados de Wasmosy que sin esperar el resultado del juicio, el III Cuerpo del Ejército produjo, a las 9 de la mañana del 28 de marzo de 1999, el golpe militar que condujo a la renuncia de Cubas y a la instauración de la presente dictadura, que ya tiene en su haber la muerte de José Villar, ejecutado por fuerzas de seguridad del Estado, tras una denuncia que ahora se demostró falsa que lo vinculaba al asesinato de Argaña. Allí también se alegó "obediencia debida".

Todo esto se hizo con el apoyo activo del gobierno de Estados Unidos.