Los representantes del gobierno norteamericano que actúan en los países
de América Latina nos dicen siempre que vienen para respaldar a
nuestras democracias y que sus acciones están encaminadas a
fortalecerlas.
Aquí mismo, en Paraguay, el embajador Greenlee no se cansa de
repetir, cada vez que llega algún militar del Comando Sur, que las
visitas son en respaldo al régimen político paraguayo, al que
invariablemente denomina “democracia”.
Una interesantísima investigación publicada el domingo 05 de
agosto en el diario Clarín de Buenos Aires (“EE.UU. usa a
empresas privadas para la guerra contra las drogas”) demuestra el
modo en que realmente se manejan las relaciones de Estados Unidos
con los países
latinoamericanos.
El gobierno norteamericano adopta decisiones y ejecuta políticas
en América Latina, que afectan profundamente a nuestras sociedades,
no en interés de la democracia sino por intereses particulares, (el
caso del que habla la mencionada investigación de Clarín se
refiere a los de contratistas públicos norteamericanos, pero en el
Paraguay hemos sufrido también los de
contribuyentes a las campañas políticas estadounidenses).
Vale la pena leer la investigación de Clarín porque da a
conocer algunas de las conclusiones a las que arribaron miembros del
Congreso y diarios norteamericanos resultantes de las pesquisas que
hubieron a raíz del derribo, el 20 de abril pasado, de una avioneta
civil en Perú.
El derribo se produjo porque la Fuerza Aérea peruana fue
alertada desde la Agencia Central de Inteligencia norteamericana
CIA, que confundió un pequeño avión Cessna 185 con un aparato al
servicio del narcotráfico.
Las investigaciones permitieron saber que buena parte de la
operación estadounidense contra el narcotráfico en Colombia,
Bolivia y Perú es realizada por empresas privadas de seguridad y
por mercenarios contratadospor el Departamento de Defensa de Estados
Unidos
(Pentágono).
"Sólo sabemos que son compañías privadas las que operan
allí, pero no tenemos más detalles de forma oficial porque se
niegan a dárnoslo. Pero sí sabemos que esas actividades en toda la
región andina de Sudamérica nos crean la percepción de que
Estados Unidos está involucrado en algún tipo de guerra
secreta", dijo a Clarín la representante Jan Schakowsky
durante un chat sobre el tema organizado por el diario The
Washington Post”.
“De acuerdo a informaciones obtenidas por Clarín “las
empresas contratadas manejan el sistema de comunicaciones y radares,
la vigilancia aérea, la fumigación y erradicación de plantas de
coca, la investigación del movimiento de hombres y pertrechos y
tareas de inteligencia específicas”.
“La compañía que obtuvo los mayores contratos se denomina
DynCorp ...uno de los mayores proveedores que tiene el Pentágono y
ya obtuvo contratos por más de 1.400 millones de dólares”.
“DynCorp es la misma empresa que fue severamente criticada por las
Naciones Unidas por su papel en Bosnia. Allí, provee de personal de
seguridad que supuestamente habría cometido asaltos sexuales contra
mujeres musulmanas”.
“Y también está MPRI Corp. de Alexandria, Virginia. Su función
es la de entrenar a la policía secreta colombiana y proveer logística
y organizar a comandos especiales de las fuerzas armadas de ese país.
El último contrato que firmó con el Pentágono para cumplir con
esa tarea fue por 6 millones de dólares”.
Hay, pues, suficientes elementos para sostener fundadamente que
la absurda guerra antidrogas que
Estados Unidos hace pelear a nuestros países tiene por fundamento
no alguna mesiánica buena intención de salvar a las personas de la
dependencia, sino asegurar millonarios contratos para empresas como
las mencionadas en la investigación de Clarín.
Y también hay elementos para afirmar que una parte de esos
millones de dólares se usan en las campañas políticas de
candidatos que una vez elegidos obtendrán comisiones de esos
contratos y que encuentran allí el interés por mantener esa política
antidrogas que está destruyendo a Colombia y militarizando al resto
de nuestros países.
Eso es lo que ocurrió aquí en Paraguay, con el ya célebre
empresario filipino Mark Jiménez, para
preservar el flujo de dinero que tiene por exportar desde Estados
Unidos como partes las computadoras que se venden ya armadas como
producto paraguayo a Brasil y Argentina. Mark Jiménez daba parte de
ese dinero al entonces presidente norteamericano Bill Clinton. El ex
presidente paraguayo Juan Carlos Wasmosy era el garante local de las
operaciones. La política de
Estados Unidos hacia Paraguay se resolvía entre Jiménez y Clinton
en orden a asegurar sus negocios.
Gina Amatangelo, una especialista en narcotráfico internacional
del Washington Office on Latin America (WOLA), dijo a Clarín que:
"Esto confirma la sensación general de que no sabemos
exactamente lo que está pasando en Colombia o Perú o Bolivia ni cuál
es el papel de Estados Unidos allí ".
Sin embargo, el papel de Estados Unidos en nuestra región es
claro: encubrir a los financistas de los políticos norteamericanos
aún a costa de desatar guerras como la de Colombia o de imponer
malos gobiernos como el de Paraguay.
*Publicado
en La Nación de Asunción el martes 07 de agosto.
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