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Justicia militar

Enrique Vargas Peña 

07 de junio de 2001

 

            La administración de Justicia Militar ha protagonizado numerosos escándalos en estos días, desde la insólita defensa de que un caso de contrabando de pieles cae dentro de la jurisdicción castrense hasta la aparición de dos detenidos en condiciones infrahumanas por varios meses sin habérseles incoado proceso alguno.

            Tanta es la vergüenza que el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Sapena Brugada ha dicho que es necesario reformar la Constitución a los efectos de subordinar el fuero militar al Poder Judicial.

            Esto sería razonable si lo dijera cualquier persona, pero suena cruelmente irónico en boca de uno de los principales responsables de la actual situación.

            Cuando el gobierno de Juan Carlos Wasmosy utilizó a la Justicia militar, que es una dependencia administrativa, dependiente, y no judicial e independiente, para perseguir a Lino Oviedo, Sapena Brugada fue uno de los que desde la Corte Suprema del Poder Judicial convalidó las arbitrariedades.

            En aquella ocasión los miembros de la Corte Suprema sostuvieron la licitud de arrestar en el marco castrense a un militar retirado que, además, era candidato presidencial del principal partido político del país, y sostuvieron también el derecho de la Justicia militar a juzgar de nuevo a un civil en un caso ya ventilado en los tribunales ordinarios de la República.

            Es decir, sostuvieron la licitud del ejercicio arbitrario del poder y reconocieron que el instrumento del mismo era la administración de Justicia militar.

            Ahora se sorprenden de las consecuencias ulteriores de aquellas decisiones y pretenden rectificar rumbos como si las cosas no estuvieran directamente conectadas.

            No hace falta reformar la Constitución para enderezar las cosas. La Constitución de 1992 ya establece, y lo hace desde su entrada en vigencia, que en caso de duda, los problemas que involucren a personal militar se sustanciarán en el fuero civil y que este es el que corresponde a los militares retirados del servicio activo.

            Lo que hace falta para enderezar las cosas es que los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial en general dejen de estar el servicio de los intereses políticos, como ha dicho que están el nuevo presidente del partido Colorado, Nicanor Duarte Frutos.

            Duarte Frutos ha confirmado desde una posición privilegiada y fuerte, lo que todo el país sabe y sufre, que es uno de los poderes Judiciales menos independientes de toda la historia del Paraguay, peor aún que aquellos que sirvieron a regímenes abiertamente autoritarios.

    

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