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La administración de Justicia Militar ha protagonizado
numerosos escándalos en estos días, desde la insólita defensa de
que un caso de contrabando de pieles cae dentro de la jurisdicción
castrense hasta la aparición de dos detenidos en condiciones
infrahumanas por varios meses sin habérseles incoado proceso
alguno.
Tanta es la vergüenza que el propio presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Raúl Sapena Brugada ha dicho que es necesario
reformar la Constitución a los efectos de subordinar el fuero
militar al Poder Judicial.
Esto sería razonable si lo dijera cualquier persona, pero
suena cruelmente irónico en boca de uno de los principales
responsables de la actual situación.
Cuando el gobierno de Juan Carlos Wasmosy utilizó a la
Justicia militar, que es una dependencia administrativa,
dependiente, y no judicial e independiente, para perseguir a Lino
Oviedo, Sapena Brugada fue uno de los que desde la Corte Suprema del
Poder Judicial convalidó las arbitrariedades.
En aquella ocasión los miembros de la Corte Suprema
sostuvieron la licitud de arrestar en el marco castrense a un
militar retirado que, además, era candidato presidencial del
principal partido político del país, y sostuvieron también el
derecho de la Justicia militar a juzgar de nuevo a un civil en un
caso ya ventilado en los tribunales ordinarios de la República.
Es decir, sostuvieron la licitud del ejercicio arbitrario del
poder y reconocieron que el instrumento del mismo era la
administración de Justicia militar.
Ahora se sorprenden de las consecuencias ulteriores de
aquellas decisiones y pretenden rectificar rumbos como si las cosas
no estuvieran directamente conectadas.
No hace falta reformar la Constitución para enderezar las
cosas. La Constitución de 1992 ya establece, y lo hace desde su
entrada en vigencia, que en caso de duda, los problemas que
involucren a personal militar se sustanciarán en el fuero civil y
que este es el que corresponde a los militares retirados del
servicio activo.
Lo que hace falta para enderezar las cosas es que los
miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial en
general dejen de estar el servicio de los intereses políticos, como
ha dicho que están el nuevo presidente del partido Colorado,
Nicanor Duarte Frutos.
Duarte Frutos ha confirmado desde una posición privilegiada
y fuerte, lo que todo el país sabe y sufre, que es uno de los
poderes Judiciales menos independientes de toda la historia del
Paraguay, peor aún que aquellos que sirvieron a regímenes
abiertamente autoritarios.
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