Enrique Vargas Peña

En un seminario sobre Derechos Humanos, realizado en sede judicial y con la presencia del ex canciller uruguayo Gross Spiell, estuvieron presentes varios miembros de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, pontificando sobre la materia.

El cinismo de los miembros de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay no tiene límites, es incomparable.

Ya se han señalado reiteradamente los índices que adornan y caracterizan a la administración judicial paraguaya presidida por esta Corte: los mayores índices de presos sin condena y de lenidad judicial de América, lo que por sí solo habla de cómo son garantizados los derechos humanos en el Paraguay de Marzo, del que la Corte Suprema es autor principalísimo.

Pero hay más que esos índices.

Están, por ejemplo los acuerdos y sentencias 706 y 713 de diciembre de 1997, que restablecen la omnipotencia gubernamental mediante el expediente de ordenar a los jueces presumir la legitimidad de los actos arbitrarios del gobierno (Doctrina Paciello).

Ningún derecho y ninguna garantía establecidos por la Ley Fundamental de 1992 tiene, desde entonces, vigencia real en el Paraguay y, de hecho, la lista de abusos policiales y de autoridad ocurridos desde entonces no ha hecho sino aumentar.

Con la excusa de detener a Lino Oviedo, la Corte empezó de ese modo la reconstrucción de la dictadura.

Con la excusa de detener a Oviedo, con los señalados acuerdos y sentencias la Corte Suprema de Justicia del Paraguay convalidó los allanamientos domiciliarios sin orden judicial, las detenciones arbitrarias de ciudadanos, la formación de tribunales especiales, la reapertura de juicios fenecidos, la restricción del hábeas corpus, la operación de fuerzas de tareas sometidas al principio de "obediencia debida".

Lo que vino después está ya a la vista, sin que nadie pueda disimularlo: basta mencionar el asesinato impune de José "Coco" Villar, el primero realizado por una fuerza de seguridad del régimen, sobre el que se extiende hoy un manto sombrío de silencio y vergüenza.

El juez de la causa se niega a dar a publicidad los elementos contenidos en ella, que llegan hasta las más altas instancias políticas y militares del régimen. Y por supuesto, no arrestó a los autores del hecho.

¿Cómo podría hacerlo, además, si la Corte le ordena presumir la legitimidad de los actos del gobierno?