La
pretensión del gobierno de someterse a los planes del Fondo Monetario
Internacional (FMI) para lograr un respiro financiero, que podría
venir a través de las privatizaciones, implica despedir a
funcionarios y reducir salarios públicos.
Hay razones para creer que, como esta vez está en juego su
propia supervivencia, el gobierno hará formalmente lo que se le
indica.
Esto
no significa que el gobierno tocará a sus bases de sustentación política
o que dejará de hacer las cosas que ha venido haciendo y que son las
que han puesto al país en la situación en que se encuentra.
El
núcleo de la base social del gobierno surgido del golpe de marzo de
1999 es el universitariado,
el sector que vive del desarrollo de actividades paraestatales.
Estas actividades son las que se han utilizado como instrumento
de enriquecimiento o garantía de buen vivir, a costa del sacrificio
de las necesidades reales del Paraguay (rutas, escuelas, hospitales).
Eso
explica la facilidad con la que el gobierno parece estar aceptando la
exigencia de despidos y reducciones salariales: ellas no afectarán
tanto a aquel núcleo como al funcionariado profesional, grupo
generalmente leal al gobierno pero inane como poder fáctico.
El
gobierno de marzo ha mostrado en repetidas ocasiones que en asegurar
su supervivencia no vacila y no se anda con miramientos. Que hasta
ahora la supervivencia no se haya disputado en áreas económicas o
financieras no modifica la cosa.
El
gobierno de marzo afrontó con tesón digno de mejor causa el disgusto
internacional por la persecución de periodistas críticos, pero los
persiguió; corrió sin dudar los riesgos implícitos en el asesinato
de José Coco Villar; aplastó a la disidencia del partido
Colorado; mostró, en síntesis, que cuando está en juego él mismo,
hace lo que considera necesario para mantenerse.
Nadie
debería sorprenderse, pues, que ahora, en las áreas económicas y
financieras haga lo mismo, con igual arrojo, lo que incluso puede
valerle recuperar la buena voluntad de sectores que se han ido
distanciando.
Habrá
despidos y habrá reducciones y con ellas habrá privatizaciones con
las que aparecerán los fondos que el gobierno desesperadamente
necesita.
Lo
que no habrá es modificaciones al modelo que empobrece al país,
modelo que se resume en el uso del Estado como instrumento para
enriquecer a los amigos y aliados y para castigar a los enemigos, lo
que incluye la sumisión del Poder Judicial, garante de la impunidad.
Lo empobrece porque al usar de esa manera el Estado, destruye
necesariamente las condiciones que hacen funcional a una economía de
mercado, pero eso no interesa al presidente Luis Ángel González
Macchi ni a su entorno, que ya encontrarán, cuando se acaben los
recursos que se obtengan con la ayuda del FMI, otras fuentes de
ingresos que le permitan prolongar indefinidamente su permanencia en
el poder.
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