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Despidos, reducciones, privatizaciones

Enrique Vargas Peña

06 de noviembre de 2000

   

La pretensión del gobierno de someterse a los planes del Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr un respiro financiero, que podría venir a través de las privatizaciones, implica despedir a funcionarios y reducir salarios públicos.

         Hay razones para creer que, como esta vez está en juego su propia supervivencia, el gobierno hará formalmente lo que se le indica.

Esto no significa que el gobierno tocará a sus bases de sustentación política o que dejará de hacer las cosas que ha venido haciendo y que son las que han puesto al país en la situación en que se encuentra.

El núcleo de la base social del gobierno surgido del golpe de marzo de 1999 es el universitariado, el sector que vive del desarrollo de actividades paraestatales.

         Estas actividades son las que se han utilizado como instrumento de enriquecimiento o garantía de buen vivir, a costa del sacrificio de las necesidades reales del Paraguay (rutas, escuelas, hospitales).

Eso explica la facilidad con la que el gobierno parece estar aceptando la exigencia de despidos y reducciones salariales: ellas no afectarán tanto a aquel núcleo como al funcionariado profesional, grupo generalmente leal al gobierno pero inane como poder fáctico.

El gobierno de marzo ha mostrado en repetidas ocasiones que en asegurar su supervivencia no vacila y no se anda con miramientos. Que hasta ahora la supervivencia no se haya disputado en áreas económicas o financieras no modifica la cosa.

El gobierno de marzo afrontó con tesón digno de mejor causa el disgusto internacional por la persecución de periodistas críticos, pero los persiguió; corrió sin dudar los riesgos implícitos en el asesinato de José “Coco” Villar; aplastó a la disidencia del partido Colorado; mostró, en síntesis, que cuando está en juego él mismo, hace lo que considera necesario para mantenerse.

Nadie debería sorprenderse, pues, que ahora, en las áreas económicas y financieras haga lo mismo, con igual arrojo, lo que incluso puede valerle recuperar la buena voluntad de sectores que se han ido distanciando.

Habrá despidos y habrá reducciones y con ellas habrá privatizaciones con las que aparecerán los fondos que el gobierno desesperadamente necesita.

Lo que no habrá es modificaciones al modelo que empobrece al país, modelo que se resume en el uso del Estado como instrumento para enriquecer a los amigos y aliados y para castigar a los enemigos, lo que incluye la sumisión del Poder Judicial, garante de la impunidad.

         Lo empobrece porque al usar de esa manera el Estado, destruye necesariamente las condiciones que hacen funcional a una economía de mercado, pero eso no interesa al presidente Luis Ángel González Macchi ni a su entorno, que ya encontrarán, cuando se acaben los recursos que se obtengan con la ayuda del FMI, otras fuentes de ingresos que le permitan prolongar indefinidamente su permanencia en el poder.

   

   

 

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