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Justicia electoral

Enrique Vargas Peña

06 de julio de 2000

            

         Un gran sector de la opinión pública considera que, de realizarse, las elecciones del 13 de agosto permitirán a la sociedad paraguaya votar una vez más por el cambio, como hizo el 10 de mayo de 1998.

         Dicho sector se equivoca, de medio a medio, por una razón simple y poderosa: la administración de justicia electoral del Paraguay no permitirá que el mandato que el país otorgue el 13 de agosto vea la luz.

         La Justicia Electoral paraguaya, que había desempeñado un papel clave en permitir que la voluntad del pueblo se manifieste y sea respetada en el proceso que culminó aquel 10 de mayo del 98, resistiendo los intentos de Wasmosy de impedir las elecciones y de torcer por vía judicial su resultado para beneficio de su aliado Domingo Laíno, esa Justicia Electoral fue derrocada, demolida, reemplazada.

         Los jueces electorales que garantizaron la realización de las elecciones más limpias de la historia paraguaya fueron despedidos y el Dr. Carlos Mojoli, uno de ellos, ha sido incluso condenado a tres años de prisión.

         Así castiga la oligarquía a quienes le desafían.

         En lugar de aquellos magistrados, están un delegado de Laíno, el Dr. Ramírez Zambonini, un delegado de Wasmosy, el Dr. Morales, y un delegado de Caballero Vargas, el Dr. Déndia.

         El delegado de Laíno actuará ahora seguramente en defensa de los intereses de la familia Argaña, con quien el ex candidato presidencial está ahora colaborando.

         Esta “nueva” administración de la justicia electoral paraguaya ya ha mostrado su fibra con algunos hechos. Ha convalidado la usurpación escandalosamente clara que sufre el partido Colorado, admitiendo la prórroga, antiestatutaria, ilegal y anticonstitucional del periodo de administración de sus autoridades; ha otorgado a determinados jueces potestades y funciones que, según la ley, corresponden a otros; ha guardado un pudoroso silencio ante la cargada de votos en la pasada interna de la Asociación Nacional Republicana.

         Tampoco hay que olvidar su complicidad con el operativo que ha privado al pueblo paraguayo del derecho de elegir presidente de la República.

         El 13 de agosto el régimen dictatorial que preside el senador Luis Ángel González Macchi corre el riesgo de sufrir una derrota apabullante, que puede manifestarse de dos maneras distintas: puede haber una abstención récord y puede haber un triunfo holgado de Yoyito Franco, quien seguramente no desea tampoco convertirse en el instrumento del cambio que el país reclama.

         La “nueva” administración de la justicia electoral paraguaya, por tanto, necesita solamente evitar que se sepa el nivel de abstención real y evitar que un eventual triunfo de Yoyito Franco sea demasiado contundente. Ni siquiera necesita impedir ese triunfo, sino evitar que pueda leerse en él un repudio del pueblo hacia el régimen.

         Y eso hará con la impunidad que otorga la reciente experiencia electoral peruana, en la que América entera condenó al pueblo peruano a aguantarse el bochornoso fraude con el que Fujimori se perpetuó en el poder. 

 

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