Asimetría y arbitrariedad

Enrique Vargas Peña

Donde la arbitrariedad del gobierno norteamericano presidido por William Jefferson Clinton con relación al Paraguay se percibe mejor es en la comparación de los discursos que tiene para nuestro país y el que expone para Perú y Haití.

Son, ante situaciones semejantes, discursos distintos, contrapuestos.

En Perú, en Haití y en Paraguay, los regímenes gobernantes restringen de diversas maneras el derecho del pueblo a cambiar pacífica y electoralmente a las autoridades.

Pero para Perú y para Haití, el gobierno de Clinton exige el fin de esas restricciones, mientras que para Paraguay exige mantenerlas, avalando violaciones de derechos humanos y ciudadanos.

Las diferencias notables entre una posición y otra pueden observarse ahora con facilidad, pues los tres países tienen procesos electorales en marcha y las agencias noticiosas dan profusa cobertura a las exigencias que el gobierno norteamericano realiza ante los de Lima y Puerto Príncipe con el fin de asegurar el derecho de los pueblos peruano y haitiano a elegir libremente.

Peter Romero, subsecretario para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado de EEUU, quien tanto hizo para consolidar el vigente régimen político paraguayo, basado en la supresión del derecho a elegir gobernantes, ha pronunciado esta semana un vehemente discurso, ante una comisión legislativa norteamericana, a favor de sostener ese derecho, pero en Haití.

¿Cuál es el factor que justifica esta diferencia?

El factor que justifica la diferencia es la corrupción. Nada menos.

La política del señor Clinton hacia el Paraguay se basa principalmente en la defensa de los intereses financieros de su partido Demócrata, que ha tenido en nuestro país una de sus fuentes de ingreso de dinero fácil, a través de los negocios paraguayos del filipino Mark Jiménez.

Los señores William Jefferson Clinton y Albert Gore, presidente y vicepresidente de Estados Unidos, encabezan la administración más cuestionada de la historia norteamericana en lo referente a la manera en que obtienen los recursos que invierten en sus campañas electorales y esta semana han sido oficialmente acusados por Rudolf Giuliani de instrumentar el Departamento de Justicia norteamericano para asegurarse impunidad en el asunto.

Nadie debería olvidar en el Paraguay que la actuación de la embajada norteamericana en los sucesos de abril de 1996 le costaron al señor Jiménez la suma de cien mil dólares.