Después del 13

Enrique Vargas Peña

El candidato que desee mejorar la horrenda situación en que se encuentra el Paraguay tras la elección del 13 de agosto de 2000 no podrá hacerlo sin cambiar algunas de las cosas que la produjeron.

Una de esas cosas es la administración judicial.

La administración judicial del Paraguay es responsable de la corrupción rampante que azota al país, reconocida por todos los observadores internacionales más o menos objetivos que nos analizan, entre los que cabe mencionar a "Transparencia Internacional", entidad que ha debido reconocer los niveles escandalosos de latrocinio público existentes en Paraguay a pesar de estar dirigida por exponentes de las fuerzas que integran el régimen dictatorial inaugurado el 28 de marzo de 1999.

La impunidad de la que surge el crecimiento desmesurado de la corrupción es directamente proporcional a la incapacidad de la administración judicial por detectar, investigar y castigar los hechos delictivos que se realizan en perjuicio de los contribuyentes.

Y esta incapacidad es consecuencia del relacionamiento existente entre los integrantes de la administración judicial y quienes manejan los recursos públicos, es decir, los políticos. El Poder Judicial paraguayo es resultado de un acuerdo político entre Juan Carlos Wasmosy y Domingo Laíno. No es de extrañar que sus ahijados, sus protegidos, sus recomendados, sus aliados, sus socios y sus amigos, que desde 1993 ocupan todos los cargos públicos, no sean adecuadamente escrutados por una administración judicial creada de ese modo.

Los índices de corrupción no son un accidente, ni se deben a una supuesta naturaleza especial de los paraguayos, argumento de tinte racista que no resiste el menor análisis.

Se deben a la existencia de un sistema creado para alentarla y protegerla.

Tampoco es de extrañar que dicha administración judicial haya dado cabida a los reclamos de Wasmosy y Laíno destinados a evitar que sus feudos fueran afectados por alguna decisión del pueblo paraguayo.

Ni que en el curso del desarrollo de los procesos abiertos por esos reclamos, la administración judicial haya desconocido no solamente el espíritu de las leyes, sino incluso su letra, llevando al país al paroxismo del desquicio institucional.

La presente crisis general que vive el país no hubiera ocurrido si la administración judicial hubiera actuado, en los casos en que fue llamada a intervenir, en el marco de la Constitución y las leyes.