Después del 13
Enrique Vargas Peña
El candidato que desee mejorar la horrenda situación en que se
encuentra el Paraguay tras la elección del 13 de agosto de 2000 no podrá hacerlo sin
cambiar algunas de las cosas que la produjeron.
Una de esas cosas es la administración judicial.
La administración judicial del Paraguay es responsable de la
corrupción rampante que azota al país, reconocida por todos los observadores
internacionales más o menos objetivos que nos analizan, entre los que cabe mencionar a
"Transparencia Internacional", entidad que ha debido reconocer los niveles
escandalosos de latrocinio público existentes en Paraguay a pesar de estar dirigida por
exponentes de las fuerzas que integran el régimen dictatorial inaugurado el 28 de marzo
de 1999.
La impunidad de la que surge el crecimiento desmesurado de la
corrupción es directamente proporcional a la incapacidad de la administración judicial
por detectar, investigar y castigar los hechos delictivos que se realizan en perjuicio de
los contribuyentes.
Y esta incapacidad es consecuencia del relacionamiento existente entre
los integrantes de la administración judicial y quienes manejan los recursos públicos,
es decir, los políticos. El Poder Judicial paraguayo es resultado de un acuerdo político
entre Juan Carlos Wasmosy y Domingo Laíno. No es de extrañar que sus ahijados, sus
protegidos, sus recomendados, sus aliados, sus socios y sus amigos, que desde 1993 ocupan
todos los cargos públicos, no sean adecuadamente escrutados por una administración
judicial creada de ese modo.
Los índices de corrupción no son un accidente, ni se deben a una
supuesta naturaleza especial de los paraguayos, argumento de tinte racista que no resiste
el menor análisis.
Se deben a la existencia de un sistema creado para alentarla y
protegerla.
Tampoco es de extrañar que dicha administración judicial haya dado
cabida a los reclamos de Wasmosy y Laíno destinados a evitar que sus feudos fueran
afectados por alguna decisión del pueblo paraguayo.
Ni que en el curso del desarrollo de los procesos abiertos por esos
reclamos, la administración judicial haya desconocido no solamente el espíritu de las
leyes, sino incluso su letra, llevando al país al paroxismo del desquicio institucional.
La presente crisis general que vive el país no hubiera ocurrido si la
administración judicial hubiera actuado, en los casos en que fue llamada a intervenir, en
el marco de la Constitución y las leyes.
De manera que nada cambiará realmente en Paraguay mientras esta
administración judicial de Wasmosy y Laíno permanezca en funciones. Ella ha garantizado
los intereses de estos dos políticos más allá de todo límite razonable.