|
Según
informaciones que dan a conocer los medios de prensa, el gobierno se
encuentra en la posición de verse obligado a suspender, postergar o
directamente anular las erogaciones que el mantenimiento de la
infraestructura nacional exige.
De confirmarse estas versiones, se estaría ante una
aceleración en el proceso de haitianización que sufre el país
desde que, el 27 de diciembre de 1992, Juan Carlos Wasmosy conquistó
protagonismo en la vida nacional.
Haití es un país que sufre un atraso crónico, pobreza endémica
e incapacidad estructural para superar los problemas que arrastra.
Esto se manifiesta no solamente en la patética inestabilidad que
padece, sino principalmente, en la vida diaria, con escasa oferta de
bienes malos y caros, servicios muy restringidos, prestaciones
estatales en situación lamentable (pésimas rutas y comunicaciones,
paupérrimas educación y salud, falta de justicia, gran impunidad).
La situación haitiana no cambia a pesar de las
intervenciones directas de potencias extranjeras, incluida la
presencia de tropas. Y el no cambio significa un retraso relativo
progresivo.
Cuando se destruyen las normas legales para resolver de
manera civilizada la administración del gobierno y cuando la
administración surgida de ese modo resuelve dilapidar sin control
los recursos públicos, destinándolos a rescatar a los amigos de
quienes realizaron aquella destrucción en vez de invertirlos en
servir a la sociedad que los aporta, se penetra en la vía haitiana.
Eso es lo que sucede desde la señalada fecha, pero como la
dinámica desatada se fue agravando, llegando al clímax el 28 de
marzo de 1999, con el derrocamiento del gobierno constitucional y su
reemplazo indisimulado por el régimen oligárquico puro y duro que
ahora sufre el país.
La confesión del régimen de que se verá en la obligación
de dejar de pagar por el mantenimiento de la ya deteriorada
infraestructura nacional no es más que la conclusión lógica de
este proceso tutelado por los norteamericanos y los brasileños.
|
