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Camino al infierno

Enrique Vargas Peña

05 de junio de 2000

     

        Es universalmente conocido el dicho que dice que “el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones”. Nada más cierto que eso y para probarlo véase la propuesta de un grupo de científicos norteamericanos que pretende combatir la obesidad cobrando impuestos al consumo de cierto tipo de comidas.

         Un cable de la agencia de noticias española EFE, fechado el 3 de junio en Washington, Estados Unidos, dice que un “Centro de las Ciencias para el Interés Público” y la Universidad de Yale proponen cobrar impuestos al consumo de bebidas gaseosas, pasteles, bocadillos y comidas rápidas con el doble objeto de desalentar su consumo y de solventar un fondo destinado a la atención de los problemas de salud derivados de la obesidad.

         La excusa es la estadística: entre 310.000 y 580.000 personas mueren cada año por problemas derivados de la gordura; el 55 por ciento de la población está afectada por estos problemas y los gastos que debe afrontar el seguro social para atender estos problemas no cesan de aumentar.

         Así empezó la lucha que está convirtiendo el hábito de fumar en un delito, así se inició la cuestión de las drogas y así se originó la célebre “ley seca”.

         Hay dos cuestiones de filosofía política afectadas por la propuesta de los “científicos”, que son de fundamental importancia.

         La primera es el tema de los gastos que la obesidad genera al seguro social, al presupuesto de Estados Unidos. El caso es similar al de los gastos que generan el tabaquismo o el alcoholismo.

         Se aduce un interés público en cubrir por vía especial los gastos de salud que sirven para atender a los adictos al tabaco, al alcohol o, ahora, la comida debido a que tales adicciones no son normales y los males que generan pueden imputarse a desordenes de la conducta individual, en razón de lo cual sería injusto que una persona equilibrada pagara las cuentas ocasionadas por otra, que no lo es.

El argumento parece irrebatible y legítimo, pero no lo es porque el impuesto es una carga general, que será pagada no solamente por los adictos, sino por todos los consumidores ocasionales, normales, de los tipos de comida cuyo consumo se pretende desalentar. La libertad de elección de las personas normales y equilibradas se ve de ese modo restringida y su aporte al sostenimiento del sistema de seguro social será usado para un fin que no les afecta, del mismo modo en que es usado su aporte ahora.

Es decir, no habrá mayor justicia contributiva y sí habrá restricción de la libertad personal.

         Ese es el problema: la tendencia que existe en Estados Unidos es a la restricción de la libertad personal de la gente, en nombre de las más nobles causas.

         La “ley seca” que criminalizó, en nombre de las buenas costumbres, el consumo de alcoholes (vinos, cervezas, licores, whiskyes, etc.) no solamente no ayudó a nadie en particular a dejar la bebida, sino que generó dos consecuencias igualmente repugnantes, de las que Estados Unidos no se recupera todavía: el establecimiento del imperio criminal más grande de la historia moderna, la Mafia, nutrido en las exorbitantes rentas generadas por la demanda artificialmente restringida de alcoholes y el establecimiento de un poder de policía estatal muy cercano, muy cercano, al de los estados totalitarios.

         Es lo mismo que ocurre hoy con la criminalización de las drogas y con la proscripción del tabaco.

La segunda cuestión de filosofía política concernida es el tema de hasta dónde se puede legislar legítimamente el poder público.

Los científicos que proponen estos impuestos a ciertos tipos de comida olvidan que las sociedades no son, como lo repetía sin cesar Edmund Burke, papeles en blanco en los que se puede escribir cualquier cosa.

La vida privada de las personas, en lo que no afecte al orden público, no puede estar sometida al escrutinio de la autoridad pública sin que ello destruya los elementos que hacen a una sociedad libre. Cada persona es, y debe ser, libre de hacer lo que le plazca con el único límite de no afectar los derechos y libertades de los terceros: beber, fumar, comer, drogarse o acostarse son asuntos en los que el gobierno nada tiene que decir salvo que se trate de un gobierno totalitario.

Los gobiernos surgen de la gente y no la gente de los gobiernos por lo que pretender dar a la autoridad pública la potestad de modelar a los ciudadanos es un programa digno de Hitler o Stalin.

Finalmente hay que señalar el hecho de que la idiotez disfrazada de beatitud que tanto daño ha causado a la libertad en los países del Tercer Mundo no es, ni mucho menos, monopolio de ellos, sino que está también firmemente instalada en los países más avanzados de la Tierra.

Si ellos se han salvado hasta ahora de todo el daño que causan estos bienintencionados nazis es debido a que hombres como Jefferson, Franklin o Lincoln pudieron establecer y consolidar un sistema capaz de frenar los deseos que tienen los cristianos de imponer a todos su salvación.

Hay que ver hasta cuándo, sin embargo, podrá resistir la ciudadanía norteamericana tan persistente asalto.

 

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