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Sin Justicia

Enrique Vargas Peña

04 de julio de 2000

        

         Se están dando a conocer los resultados de un estudio sobre la realidad institucional paraguaya, realizado con patrocinio del Banco Mundial, que pone en evidencia la percepción que existe, en general, sobre la administración judicial del país, a la que se califica como esencialmente corrupta e ineficiente.

         Esta percepción, por supuesto, confirma los resultados de otros estudios realizados por otras instituciones y, lo más importante, confirma lo que todos los paraguayos sufren en carne propia día a día.

         De hecho, el estudio resulta incluso superfluo desde que basta observar el nivel de impunidad existente en el país, un nivel de impunidad tan grave que incluso llama la atención del Encargado de Negocios saliente de Estados Unidos en Paraguay, para caer en la cuenta de que los paraguayos estamos privados del derecho a la Justicia.

         No vale la pena ya más que mencionar de pasada que una sociedad sin Justicia está dramáticamente destinada al atraso (la Justicia es una condición imperativa de la seguridad que genera inversiones) y a la violencia, desde que no encuentra en los tribunales la reparación de los agravios que sufre.

         Pero parece importante insistir en la razón de que esto suceda y en quiénes son los responsables, pues los hay.

En el Paraguay no hay Justicia porque el Poder Judicial, constitucionalmente encargado de administrarla, fue conformado como derivado de un acuerdo político, no un acuerdo de Estado como puede ser considerado, por ejemplo, el Pacto de la Moncloa en España, sino político, destinado a repartir el poder entre diversas cúpulas partidarias.

Su equivalente comparativo es el pacto de Punto Fijo en Venezuela, que tenía las mismas características que aquí se dio al “pacto de gobernabilidad” firmado entre Domingo Laíno, entonces presidente del partido Liberal, y Juan Carlos Wasmosy, entonces presidente de la República y representante de los poderes fácticos del Paraguay.

El Poder Judicial paraguayo, pues, nació maniatado, obligado a la obediencia a los caciques políticos por quienes veía la luz que, además, se aseguraron el nombramiento de los magistrados según zonas de influencia.

Los magistrados paraguayos no fueron instalados en los lugares que ocupan en base a sus méritos jurídicos o a su valor personal, sino en consideración a su lealtad partidaria, para llenar cupos previamente asignados a cada uno de los beneficiarios del “pacto de gobernabilidad”.

La responsabilidad de esta tragedia, surgida en lugar de la esperanza generada por la Convención Constituyente de 1992, que se había presentado como la oportunidad para dejar atrás los vicios de la administración judicial politizada, recae principalmente en Laino y en Wasmosy, pero también en quienes fueron sus colaboradores e ideólogos en esta tarea, entre los que cabe mencionar a Carlos Mateo Balmelli.

         Este Poder Judicial paraguayo nació torcido y no tiene vocación de enderezarse. Está allí para servir a determinados intereses y no para proporcionar Justicia a la sociedad paraguaya.

 

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