Enrique Vargas Peña

En el Paraguay no hay Justicia. Eso es público y notorio y se observa en los jóvenes condenados a limpiar parabrisas en las esquinas tanto como en la impunidad del senador Pancho De Vargas, "un héroe" que encañonó flagrantemente con un arma de fuego a un colega en el recinto de la Cámara de Senadores.

No hay Justicia porque el Poder Judicial, supuestamente establecido para asegurarla, fue construido sobre una soez repartija política que lo que garantiza en realidad es la intangibilidad de las fuerzas que le dieron origen.

La prioridad de este Poder Judicial paraguayo es esa, como queda demostrado más allá de toda duda cuando se comparan los índices de presos sin condena o de lenidad judicial actuales con los que existían antes de la componenda entre el jefe liberal Domingo Laíno y el entonces presidente de la República Juan Carlos Wasmosy que le dio origen. O cuando se toma nota de las calificaciones de Transparencia Internacional, que sitúan al país como uno de los diez más corruptos del mundo.

Eso explica la escandalosa admisión de testimonios falsos, pruebas ilegales y actuaciones arbitrarias con las que este Poder Judicial satisface las necesidades políticas del régimen cínicamente justificadas por militantes del partido Encuentro Nacional como Alfredo "Mengo" Boccia y los supuestos demócratas agavillados en el Partido Liberal Radical Auténtico y en algunas organizaciones que comercian con los derechos humanos.

El Poder Judicial paraguayo es, para definirlo de una manera precisa desde el punto de vista del desarrollo de las instituciones, semejante a la administración judicial militar impuesta a un país ocupado durante algún evento bélico anterior a la Segunda Guerra Mundial.

Decisiones sumarias dictadas por jueces jerarquicamente dependientes, destinadas a mantener el orden público y la obediencia a las autoridades.

O para ser más rigurosos aún en los términos, el Poder Judicial paraguayo es el órgano inquisitorial del poder político.

El no pretende, salvo como tarea accesoria, impartir Justicia, sino que pretende asegurar la adhesión al orden oficial.

Por eso convalida libelos como el del diputado del partido Encuentro Nacional Marcelo Duarte, con el cual se ha destruido el agónico pluralismo en el Congreso y se ha desalentado el ejercicio de la crítica y por eso impone, como hace la Iglesia, silencios forzosos.

U operaciones aterrorizantes como la muerte de "Coco" Villar, falsamente sindicado como sospechoso de haber participado en el asesinato del vicepresidente Argaña a manos de fuerzas de seguridad del Estado, para no hablar de las acciones genéricas (retenes en las calles, allanamientos, rastrillajes) sin causa criminal probable.

En la Inquisición del régimen paraguayo hay jueces que han llegado a sostener por escrito e impunemente que las garantías establecidas en la Constitución de 1992 no podían ser consideradas por él en un momento de agitación política como el que precedió al golpe de Estado del 28 de marzo.

Para autorizar la tortura o la mortificación de detenidos, solamente falta, como se ve, la respectiva resolución.