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Libertad económica

Enrique Vargas Peña

03 de noviembre de 2000

   

Un informe, publicado a través de la agencia de noticias Reuters, dado a conocer por los diarios de Asunción, señala que un estudio del Wall Street Journal y de la Heritage Foundation, de Estados Unidos, muestra que la libertad económica está retrocediendo en Paraguay.

Esto no es una declamación retórica, sino que tiene implicancias inmediatas en la vida diaria de las personas de carne y hueso que viven en el territorio que conocemos como República del Paraguay.

A medida que se restringen las condiciones que hacen posible la existencia de una economía de mercado, se reduce, en relación directa, el nivel de vida de la gente. A mayor protagonismo gubernamental en la vida económica, menor riqueza generada por la sociedad.

El gobierno paraguayo, surgido en marzo de 1999, no tiene raíces ideológicas con ningún sector liberal, sino con el desarrollismo, doctrina en boga en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo, alimentada por personas ávidas de contratos públicos, según la cual el Estado debía protagonizar el proceso de desarrollo.

Esto significa muchas cosas, y no necesariamente que el Estado instale

empresas productivas. Significa, por ejemplo, establecer subsidios para determinados sectores, privilegios. Significa destruir las reglas de la libre competencia con la excusa de promocionar la producción.

Esto es lo que se está haciendo en Paraguay, a ritmo cada vez más acelerado. La desesperación que la situación creada por esta política alimenta con combustible la llama de las concesiones destinadas a cautivar mercados. Y así, en un círculo vicioso. Las consecuencias están a la vista.

No se trata solamente de las cifras macroeconómicas, esas que, a pesar de estar mostrando ya los síntomas del desastre, permiten todavía dormir tranquilo al presidente del Banco Central del Paraguay, Washington Ashwell, sino de la cada vez más exigua variedad de bienes que ofrecen los supermercados, del deterioro de la infraestructura urbana y vial, convertida en un campo de baches y cráteres, de la caída en los niveles de educación y salud, de la reducción del poder adquisitivo de los salarios.

El activismo gubernamental se paga. Tal vez no aún con inflación, pero sí con todas esas cosas que muestran cómo la sociedad entera está cargando de todas maneras con el costo de la política del gobierno.

Uno de los precios, que no se puede dejar de mencionar, es la corrupción. Los negocios desde el poder son una fuente inagotable y suficientemente probada de corrupción como para que se necesite decir más.

La gente del gobierno supone que interviniendo en la vida económica (vale puntualizar aquí que esto no significa tanto establecimiento controles como otorgamiento de privilegios) aliviará la situación cuando todos los datos le están indicando claramente que cada vez que interviene la agrava.

Lo que corresponde, pues, es dar un giro a la cosa, un vuelco radical que es muy difícil de realizar con personas que no creen en, ni obtendrán beneficios personales de, ni entienden las razones por las que el mercado funciona mejor que el Estado en la generación de riquezas.

Lamentablemente no hay grupos políticos con base popular significativa que propongan la alternativa del mercado. Todos proponen, en menor o mayor medida, seguir en este camino que está hundiendo al Paraguay.  

   

 

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