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Escándalo y sistema

Enrique Vargas Peña 

03 de mayo de 2001

 

El escándalo del desvío de fondos originalmente destinados a cubrir las necesidades de dos bancos en liquidación (Unión y Oriental), está superando las previsiones más desesperanzadoras.

Diversas investigaciones han confluido. Una, del diario ABC Color, acompañada ahora por diversos medios de prensa y otra, del senador Gonzalo Quintana (partido Liberal Radical Auténtico).

Ambas investigaciones confirman con abundantes firmas, fechas, hechos y documentos la corrupción general del régimen inaugurado con el golpe de Estado del 28 de marzo de 1999.

El régimen de marzo pretende en estos momentos hacer creer que los únicos culpables son el ex superintendente Carlos Pecci, el ex presidente del BCP Washington Ashwell y el director del BCP Julio González Ugarte, cuya destitución ha sido ya solicitada al Senado.

Eso es absolutamente falso.

Es muy importante comprender qué ocurrió en el Paraguay a partir del 7 de setiembre de 1997 para entender este escándalo presente.

El 7 de setiembre de 1997 el general Lino Oviedo triunfó en las elecciones internas del partido Colorado a caballo de una idea única: la necesidad de castigar a quienes habían convertido al gobierno de la República en una madriguera de corruptos.

Es necesario hacer notar que no interesa aquí que Oviedo creyera o no en esa idea, ni si era sincero o no al encarnarla, ni si tenía o no altura moral para expresarla. Lo que interesa, a los efectos de la interpretación de la voluntad pública, es que esa idea fue creída por la mayoría y votada. Lo que interesa aquí es lo que dijo el pueblo al votar por Oviedo.

Ante ese desafiante pronunciamiento del pueblo, los grupos que se habían beneficiado de la gestión presidencial de Juan Carlos Wasmosy (la Iglesia Católica, la Asociación de Empresarios Cristianos, el partido Liberal Radical Auténtico, el partido Encuentro Nacional, los socios comerciales de William Jefferson Clinton y el gobierno brasileño –la coalición de marzo-) resolvieron enfrentar ese desafío y defender sus fuentes de beneficio a cualquier precio.

Y lo hicieron. Consolidaron su apoyo corporativo a la candidatura presidencial de Domingo Laíno y Carlos Filizzola y usaron todo el aparato del Estado para impedir el triunfo del partido Colorado el 10 de mayo de 1998.

Violaron el debido proceso, restauraron la obediencia debida, apresaron arbitrariamente a Oviedo, justificaron reabrir un proceso fenecido, legislaron contra él, la Corte Suprema falló contra derecho, y todo el largo etcétera de abusos ocurrido entre el 7 de setiembre del 97 y el 10 de mayo del 98.

Sin embargo, el pueblo les volvió a propinar una sonora paliza y votó contundentemente por los candidatos colorados.

Derrotada pero no vencida, la coalición de marzo resolvió entonces impedir que gobiernen los elegidos y eventualmente derrocarlos, lo que ocurrió finalmente aquel 28 de marzo.

El gobierno constitucional fue derrocado principalmente porque se interponía entre los integrantes de la coalición de marzo y los privilegios de los que se nutren y, claramente, su propósito era entonces, como sigue siendo ahora, recuperar su dominio sobre los recursos públicos, eliminando en la medida de sus posibilidades todo elemento de control sobre ellos.

De allí a la impunidad más aberrante y de ella a la más escandalosa corrupción solamente había el tiempo que tardarían en desvalijar el país.

El escándalo de los dieciséis millones de dólares, pues, es apenas una muestra pequeña de lo que los coaligados de marzo han hecho con y desde el Estado, desde Yaciretá, desde Itaipú y desde dondequiera que han podido.

Y ese estado de cosas no lo pueden modificar quienes han sido sus partícipes, sino aquellos que se han opuesto a él.

 

    

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