Enrique Vargas Peña

Dos miembros del grupo que agredió a periodistas en la madrugada del martes frente a la residencia del encargado del despacho de la vicepresidencia de la República, Carlos Romero Pereira, los señores Andrés Alvarenga y Juan Carlos González, funcionarios del ministerio del Interior pero no de la Policía, declararon tener la venia, estar autorizados por el ministro del Interior Walter Bower, a realizar "patrullajes" en las calles de Asunción, lo que explica, según ellos, su presencia entre los agresores de periodistas.

El Estado de Derecho consiste en la estricta supeditación de los órganos del Estado a leyes y normas preexistentes y, por tanto, el poder de policía del Estado no es irrestricto, sino que se circunscribe al órgano legalmente establecido para ejercerlo, que para este caso es la Policía Nacional.

La extensión, no fundada en la ley, del poder de policía del Estado a órganos no establecidos para ello, como no lo están para el caso las demás dependencias del Ministerio del Interior, supone la existencia de una situación de arbitrariedad que muestra la naturaleza verdadera del régimen instaurado en marzo de 1999.

La declaración de los señores Andrés Alvarenga y Juan Carlos González, según la cual el ministro del Interior autoriza a efectuar vigilancia y represión sobre la ciudadanía a personal estatal no contratado para el efecto, es síntoma de una ruptura de los límites que constituyen al Estado de Derecho.

La ruptura, por supuesto, es mucho más amplia de y es muy anterior a lo que exponen Alvarenga y González, pero lo que ellos exponen tiene el dudoso mérito de haber afectado a periodistas, que para más son defensores de la dictadura que alienta agresiones como la que les afecta, y, por tanto, sirve para hacer más evidentes los hechos.

En resumen, dos funcionarios de la dictadura han confesado que el régimen organiza y tiene en funcionamiento, bandas parapoliciales para vigilar y amedrentar mediante golpizas a quienes le molestan al margen de las disposiciones legales.

Es una situación completamente idéntica a la que la dictadura nacional socialista de Adolfo Hitler instauró en Alemania a partir del 30 de enero de 1933, en la cual la autoridad pública otorgó poder e impunidad, al márgen de la ley, a bandas parapoliciales, como las SA, milicias del partido Nazi, para vigilar y amedrentar a la sociedad alemana.

Lo cual congruente con la confesión realizada por Bader Rachid Lichi, el senador que usurpa la presidencia del partido Colorado, según la cual su grupo está reorganizando la milicia partidaria, la Guardia Urbana, a razón de cincuenta personas por seccional.

Lo cual, a su vez es coherente con la idea del régimen de no llamar a elecciones, para evitar que el pueblo paraguayo se exprese, reemplazándolo por corporaciones autodesignadas (Iglesia, Feprinco, UIP, Asociación Rural, Cerneco, Central Unitaria de Trabajadores, etc.).

Lo cual, finalmente, pinta de cuerpo entero a la dictadura que sufrimos, una dictadura corporativa.